por Octavio G
La crisis por la que atraviesa Argentina no tiene fin, no da respiro, son muy pocos los sectores que se benefician con el plan económico después de casi tres años de gestión de los hermanos Milei.
La crisis se hace notar en Mendoza a cada paso, en cada metro, el sector vitivinícola sobre todo los pequeños y medianos empresarios están la gran mayoría al borde del precipicio, si a esto le sumamos los que se han aprovechado de la ocasión, es un coctel demasiado peligroso para la región.
En las últimas horas Norton sumó un capítulo judicial de fuerte impacto. La Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos de Mendoza imputo a tres integrantes de la bodega y un representante de Acindar Pymes SGR por una maniobra de defraudación contra Cooperativa San Carlos.
Hace un tiempo atrás “xla40”, converso con directivos de la cooperativa y nos advirtieron por la difícil situación que atravesaban debido al comportamiento de Norton, teniendo que afrontar la situación con fondos propios debido al conflicto.
El fiscal Alejandro Iturbide, consideró que los hechos investigados configuran, en principio, el delito de defraudación por suscripción engañosa de documento, previsto en el artículo 173 inciso 3° del Código Penal. Los involucrados son David Bonomi, Martín Shulz y Lorena Sánchez, de Bodega Norton, en calidad de coautores, y a Carlos Moyano, de Acindar Pymes, como partícipe primario. Para ubicarnos en los hechos recordemos que, en el año 2024, Cooperativa San Carlos, vendió a Bodega Norton 375.000 litros de vino Malbec y 45.000 litros de Cabernet, operación valuada en $503.250.000. Se estableció que, para concretar el pago, se acordó canalizar la operación mediante un préstamo del Banco Santander Río.
La cooperativa fue la tomadora del crédito, mientras que Norton asumió la obligación de cancelar ese préstamo mediante una cesión de deuda a favor de la entidad mendocina. Se detallo inclusive una cuenta de Norton para realizar el débito correspondiente.
Aquí entra en juego como correspondía Acindar Pymes SGR, intervino como garante del préstamo. En caso de que Norton no pagara, debía responder ante el Banco Santander con su propio capital. A su vez, la cooperativa cedió a Acindar la factura de venta del vino, lo que le permitía reclamar el cobro directamente a Norton y subrogarse en los derechos del banco.
Paso el tiempo y la obligación de Norton de cancelar el crédito venció el 9 de septiembre de 2025, y Norton nunca lo concreto. Según el documento fiscal, el 21 de octubre la cooperativa tomó conocimiento de que Acindar había cancelado el préstamo frente al Banco Santander. ¿Quién debía afrontar la deuda?
La Fiscalía señala que la cooperativa entendía que, por el vencimiento de los plazos previstos para las cesiones de crédito, Acindar había perdido la posibilidad de trasladarle la responsabilidad. Esta entidad, en cambio, sostenía que la cooperativa era deudora solidaria, lisa, llana y principal pagadora frente al banco.
La fiscalía basa su investigación penal en lo ocurrido días antes del ingreso de Norton al concurso preventivo. La resolución fiscal, asegura que la Bodega Norton había decidido presentarse en concurso de acreedores en una reunión de directorio realizada el 21 de octubre de 2025.
La presentación judicial se concretó el 31 de octubre, mientras que la propia empresa había situado el comienzo de su cesación de pagos el 17 de septiembre. Norton no desconocía la situación y durante los días 21 al 30 de octubre se mantuvieron negociaciones con Acindar y Cooperativa San Carlos para renegociar la deuda derivada de la compra del vino.
Se contemplo que Norton cancelaría la obligación mediante seis cheques por un total de $955 millones. Los documentos fueron emitidos el 29 de octubre, es decir, un día antes de la presentación en concurso.
Los investigadores llegaron a la conclusión de que los cheques no fueron entregados directamente a Acindar, sino a la Cooperativa San Carlos, que debía endosarlos para posteriormente entregarlos a Acindar o a quien esta indicara. Creemos que la conclusión del Ministerio Público Fiscal, señala que la cuestión no se limita al hecho de que Norton haya emitido cheques para cancelar una deuda que posteriormente no pudiera pagar: la resolución sostiene que la confección de los títulos a nombre de la Cooperativa San Carlos habría permitido incorporarla a una nueva relación obligacional y darle a Acindar una posición crediticia más favorable frente a la inminencia del concurso.
Por lo tanto, la Fiscalía interpreta que la cooperativa habría sido incorporada como endosante de los documentos mediante un engaño y que esa operación terminó generando nuevas obligaciones patrimoniales para la entidad, sin que ello la beneficiara.
El argumento fiscal se basa, entre otras cosas, en que los cheques no fueron confeccionados directamente a nombre de la acreedora, sino a nombre de la cooperativa San Carlos Sud, que luego los endosó para que llegaran a Acindar.
Finalmente, el propio fiscal indica que el perjuicio patrimonial puede contemplarse desde la existencia del juicio ejecutivo, las limitaciones que genera para la cooperativa y su eventual situación financiera ante el Banco Central.
Todo está en manos del fiscal Alejandro Iturbide, quien consideró que los hechos investigados configuran, en principio, defraudación por suscripción engañosa de documento, previsto en el código penal, seguramente habrá una contraofensiva de la empresa tratando de justificar lo injustificable que ha llevado en este tiempo a la cooperativa San Carlos Sud y sus asociados a una situación de emergencia y a enfrentar con fondos propios la misma, seguramente en las próximas horas tanto CRA como la Sociedad Rural del Valle de Uco emitirán su opinión frente al conflicto.
