Fuente Diario Mendoza Today
Luego de la investigación de La Nación y la presentación del Proyecto de Resolución Nº 3812-D-2026 por parte del diputado nacional Martín Aveiro, la vocería oficial reconoció que los recursos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos se utilizan para saldar cuentas del Tesoro en lugar de invertirse en las rutas nacionales. El legislador mendocino remarcó que las declaraciones constituyen una prueba clave que agrava la responsabilidad penal de los funcionarios del Poder Ejecutivo.
La discusión por el estado de las rutas nacionales sumó un nuevo capítulo y esta vez quedó en el centro de la escena el destino de los fondos que, por ley, deberían utilizarse para mantener y mejorar la red vial federal.
Según la denuncia impulsada desde la oposición, el Gobierno nacional reconoció que parte de los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), que tienen una asignación específica, fueron retenidos y colocados en instrumentos financieros con el objetivo de contribuir al equilibrio de las cuentas públicas.
La situación generó un fuerte reclamo en el Congreso. El diputado nacional peronista Martín Aveiro presentó el Proyecto de Resolución 3812-D-2026, mediante el cual exige explicaciones al Ministerio de Economía, el Banco de la Nación Argentina y Vialidad Nacional.
El planteo apunta especialmente a más de $1,5 billones recaudados a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos y a la fuerte subejecución de los fondos destinados a infraestructura vial. De acuerdo con la información citada en el expediente, el 73,8% de esas partidas no habría sido ejecutado.
Fondos para rutas, pero puestos a trabajar en las finanzas
Uno de los puntos que más cuestiona la oposición es que los recursos destinados específicamente a la infraestructura vial habrían sido inmovilizados y colocados en instrumentos financieros, entre ellos plazos fijos, Lecaps y bonos.
La explicación oficial, según se desprende del planteo parlamentario, es que esa estrategia permite ordenar las cuentas y contribuir al equilibrio fiscal del Tesoro.
Para Aveiro, sin embargo, el argumento económico no alcanza para justificar el uso de fondos que tienen un destino fijado por ley.
El legislador sostiene que el dinero recaudado con el impuesto a los combustibles no puede ser utilizado como una caja de libre disponibilidad, ya que quienes pagan ese tributo lo hacen bajo un esquema en el que esos recursos tienen como destino la infraestructura y la seguridad vial.
La oposición advierte por posibles consecuencias penales
El proyecto presentado en Diputados también pone sobre la mesa una cuestión mucho más delicada: la posibilidad de que el manejo de estos fondos pueda derivar en responsabilidades penales.
En concreto, el expediente menciona como posibles figuras la malversación de caudales públicos, contemplada en el artículo 260 del Código Penal, y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto en el artículo 248.
Desde el entorno del diputado sostienen que el reconocimiento sobre la utilización financiera de los fondos refuerza la hipótesis planteada en el proyecto, aunque cualquier eventual responsabilidad penal deberá ser determinada por la Justicia.
El impacto sobre las rutas y las provincias
El reclamo también tiene un fuerte componente federal. Según la denuncia, la retención de recursos habría frenado convenios y transferencias destinados a las Direcciones Provinciales de Vialidad y a distintos distritos de Vialidad Nacional.
El problema, advierten, no es solamente contable.
La falta de obras y mantenimiento sobre las rutas nacionales puede traducirse en calzadas deterioradas, falta de señalización, problemas de iluminación y mayores riesgos para quienes circulan, especialmente en los corredores que concentran un alto volumen de tránsito.
Para la oposición, mantener fondos destinados a las rutas mientras miles de kilómetros de caminos nacionales presentan distintos niveles de deterioro constituye una contradicción difícil de justificar.
«No es una caja discrecional del Tesoro»
Aveiro cuestionó duramente la explicación del Gobierno y aseguró que el dinero recaudado con el impuesto a los combustibles tiene un destino concreto.
«La admisión que hizo el Gobierno no es una justificación económica; es la confesión explícita de un delito», sostuvo el diputado.
En esa línea, afirmó que el impuesto que pagan los argentinos cada vez que cargan combustible no debería utilizarse para mejorar artificialmente las cuentas del Tesoro, sino para financiar obras, mantenimiento, señalización y seguridad vial.
El legislador también apuntó contra la posibilidad de utilizar las facultades otorgadas por la Ley Bases y el Decreto 70/2023 como argumento para disponer de esos recursos.
«Usar la plata de las rutas destruidas para hacer financiera y ostentar superávit no es gestión, es abandono criminal», afirmó.
